La Ley de personas mayores y la distancia que falta

Por Carlos Román, director ejecutivo SeniorLab UC

Marianella es una de las personas mayores de 60 años y emprendedora, que conocimos en uno de nuestros proyectos en Arica. Ha intentado adjudicarse fondos públicos por bastante tiempo, pero todos éstos están pensados para proyectos que no son como el de ella: con un foco en su querida región de Arica y Parinacota. La Ley integral de personas mayores, publicada este lunes en el diario oficial, crea direcciones regionales de SENAMA, que apuntan a algo más real para las personas de regiones.  Fortalecer esa institucionalidad es reconocer que el país no envejece igual en todas partes.

Fernando tiene 61 años y es un ingeniero en informática que hoy maneja en una app de transportes, ya que debido a su edad, no logra encontrar trabajo dentro de su área. De hecho, en una de las pocas entrevistas que consiguió durante los últimos años, además de preguntarle por su edad, también le preguntaron si sufría de algún deterioro cognitivo. La Ley integral de personas mayores, consagra el derecho al trabajo y la realización de contratos especiales, jornadas flexibles y modalidades por franjas horarias. 

Olga tiene 65 y ya jubilada, pasa su tiempo entre distintos clubes y las clases de gimnasia que entrega su municipio. Pero lamentablemente, junto a sus compañeras, se enteraron de que ya no podían seguir yendo siempre a las mismas clases, debían dejarle cupo a otras personas porque “no podían ser siempre las mismas”, algo así como que ya tuvieron su turno y les toca moverse. La Ley integral de personas mayores consagra el trato digno y la prohibición de discriminar de forma arbitraria por la edad, por lo que esperamos que estas acciones dejen de ocurrir para personas que realmente están interesadas en seguir siendo parte de la sociedad. 

Marianella, Fernando y Olga son personas mayores reales de nuestro país, lo que me hace celebrar la aprobación de esta Ley, porque estas historias, que pueden ser anécdotas, hoy día se verán desde otra mirada. 

Esta nueva Ley Integral de personas mayores es un paso para el reconocimiento de sus derechos, ya que se les ve como ciudadanos plenos de derechos humanos. También es una respuesta clara al envejecimiento poblacional que vive el país, con esta legislación se propone una Política Nacional de Envejecimiento que se actualizará cada 10 años con participación de la ciudadanía. Y en materia institucional, entrega un fortalecimiento a SENAMA, con un rol mucho más activo en coordinación y fiscalización a través de direcciones regionales,  contemplando también mecanismos de denuncia y protección frente a abusos y discriminación. 

Fueron cinco años de tramitación, tres gobiernos, un veto puesto y retirado, y al final la unanimidad de ambas cámaras. Pocas veces el sistema político chileno se ha puesto de acuerdo en algo y esta vez sí que lo hizo: reconocer a las personas mayores como sujetos con derechos y no como objeto de asistencia es un cambio de mirada que costó décadas. No es poco, y vale la pena decirlo en voz alta.

Pero también, conocemos el destino de las leyes “marco”, que sin reglamento, sin presupuesto y sin métricas dejan los derechos en el mismo papel donde se escribieron. 

Reconocer el derecho de Fernando a trabajar, es muy distinto de rediseñar un mercado laboral que expulsa a las personas +60 (e incluso antes). Darle a Marianella una dirección regional del SENAMA, es distinto a cambiar cómo se diseñan y reparten los fondos y programas a los que hoy no puede postular. Prohibir que discriminen a Olga por su edad, es distinto de desarmar la idea de que a  cierta edad o en ciertas actividades, debemos dar el paso al costado y movernos. 

El derecho protege a la persona, la demografía exige cambiar los sistemas, y a una velocidad que ninguna ley de derechos individuales alcanza sola. En lo laboral se nota todavía más, porque el texto de la Ley habla de fomentar y de propender, verbos que no obligan a nadie ni le cambian la respuesta a quien tiene el currículum de Fernando sobre la mesa. Hoy Chile dijo, por escrito y por unanimidad, que la edad no puede ser motivo de descarte, pero las personas mayores seguirán viviendo estas historias y otras quizás, peores.