¿”Personas mayores”? Impactando en las políticas públicas a través del lenguaje

Lo político hoy, y desde hace un siglo atrás se encuentra interpelado por lo intercomunicacional (Mascareño, 2006). En la interacción entre las personas, se visualiza no sólo la visión de la ciudadanía, también las agendas y las prácticas que conforman las relaciones sociales. Por ello, las políticas públicas no pueden analizarse sólo en consideración de sus fases tradicionales, sino que requieren ser pensadas como elementos articuladores de la acción del Estado y como el contexto de la acción comunicativa (Pineda, 2017). Así, el lenguaje y la manera de comunicar una idea o una política pasa por un proceso de retroalimentación constante: las políticas influyen en la manera de comunicarnos, tanto como la manera de comunicarnos impacta en las políticas públicas que se desarrollan. Así, el lenguaje como parte esencial del constructo discursivo, y por tanto, de la realidad social en la que vivimos, es inevitablemente relevante para expresar la visión existente sobre una temática, siendo también clave cambiar el lenguaje para cambiar ciertas realidades sociales.

La realidad social en la que vivimos está plagada de estereotipos: los mayores poderes discriminadores en occidente son el sexismo, racismo y edadismo (Duarte, 2019). En Chile, sobre las personas mayores existen diferentes subjetividades; predominando entre las negativas la concepción de enfermedad, fragilidad, dependencia, deterioro cognitivo, dificultad del trato o rigidez (Agredo, 2010). Dichos estereotipos muchas veces sustentan políticas públicas que van a una parte de la población que: (1) no es mayoritaria; y (2) posiciona a las personas como sujetos que requieren urgentemente ser asistidos. La gravedad de la existencia de estas subjetividades en la sociedad chilena actual no radica únicamente en la concepción de la vejez como una etapa de la vida de deterioro, sino también en cómo nos referimos a este segmento etario y las consecuencias que ello tiene para las personas mayores. 

Lo anterior ha sido identificado a nivel internacional, determinando la promulgación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la que propone obligaciones y lineamientos para las políticas públicas. Chile también ha promulgado internamente dicha Convención, lo que implica, en términos generales, que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que todas las personas, a medida que envejecen deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma. La presencia de estereotipos, entonces, va en detrimento de los derechos humanos de las personas mayores. 

Entonces, ¿cómo compatibilizamos nuestra realidad social con una noción de personas mayores como sujetos de derecho?  Podemos partir por cambiar el lenguaje. 

Como el lenguaje crea realidades y sus significados vienen dados de la interpretación dominante, entonces tratar a todas las personas mayores de “tatas”, “nonas”, “abuelos/as” está cargado de un significado que, por un lado, tiene intrínseco aquello explícito; y por otro, tiene una connotación que no está exenta de los estereotipos mostrados en el párrafo anterior. Partamos por lo explícito: no todas las personas mayores tienen nietos/as, por lo que tratar a una persona mayor con quien no se tiene el vínculo consanguíneo/familiar de abuelo/a con dicha denominación es erróneo. Por otro lado “tatas” y/o “nonas” son denominaciones de afectividad que también refieren al vínculo de parentesco entre abuelos/as-nietos/as. En lo que responde a las connotaciones implícitas de dichas denominaciones debe considerarse: enfoque de derechos y de género. Bajo una perspectiva que considera ambos enfoques, el concepto correcto es “persona mayor” ¿por qué? Descartamos adulto mayor porque queremos evitar utilizar el género masculino para generalizar, pero también porque el sujeto antes de ser adulto (que es una categoría que alude a la etapa de la vida que vive) es una persona, igual que el resto de los seres humanos que habitamos este planeta, por lo que resulta incorrecto aplicar categorías que, al desplazar el hecho de que el ser humano es primero persona, y luego existen ciertas características (como la edad) que le pueden hacer distinguible, también violan los derechos de los que las personas son titulares de ellos tan sólo por serlo. 

Así, desde un enfoque de derechos, las personas mayores no son sujetos que requieren asistencia ante las políticas públicas, sino que son sujetos que han visto sistemáticamente omitidos o violados sus derechos, por lo que las políticas públicas con este enfoque abandonan una visión asistencialista, para adoptar una en que la persona es titular de derechos y requiere de herramientas que le permitan reclamarlos. 

Considerando lo anterior, cambiar nuestro lenguaje del día a día inicia un ciclo que lleva a la construcción de una nueva realidad social, y ello -como mencionaba en el primer párrafo- impacta en cómo nos comunicamos, lo que a su vez tiene repercusiones en la agenda y las políticas públicas. En resumen, si queremos fomentar desde nuestra posición actual, políticas públicas con enfoques de derechos y que pongan a las personas en el centro, comencemos por utilizar conceptos que también lo hagan: utilizar personas mayores para el segmento etario con 60 o más años, es un buen punto de partida.

Por Constanza Contreras Torres
Coordinadora Ejecutiva SeniorLab UC
MRes in Social Policy U. of York
Cientista Político UC

Columna publicada originalmente en el sitio Chao Agosto